La jueza Nayko Coronado Salazar, presidenta del Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado, leyó el adelanto del fallo en el caso «La Centralita» que se siguió al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Águilar por delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y asociación ilícita, entre los años 2009 al 2014, tras más de 12 años de investigación y juicio público.
El tribunal absolvió al excongresista y actual asesor del Tribunal Constitucional, Heriberto Benítez de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento real e intimidación a los fiscales de Áncash para evitar el allanamiento del local conocido como «La Centralita» por insuficiencia probatoria.
Igualmente, por falta de pruebas resultaron absueltos: la ex esposa de César Álvarez, Milagros Asián Barahona, Juan Calderón Altamirano, Pamela Bermúdez Rodríguez, Julinho Aguirre Soto, Luis Arroyo Guevara, Carmina Cortez Roque, Carlos Crisólogo Saavedra, Víctor López Padilla, Danilo Meléndez Ponce, Modesto Mondragón Becerra, Arnulfo Moreno Corales, Manuel Páucar Obregón, Sandor Renilla Horna, Víctor Revilla Yengle y Luis Villaverde Robles.
En tanto, fueron condenados César Álvarez Aguilar a 19 años y seis meses de prisión, José Luis Cavassa Roncalla, 7 años y 6 meses de prisión efectiva, Luis Arroyo Rojas, 5 años de prisión, Ángel Álvarez Aguilar, 7 años de prisión, Dirsse Valverde Varas, a 15 años de pena privativa de libertad y Martín Belaunde Lossio a cuatro años de prisión supendida, por diversos delitos de colusión, peculado, lavado de activos y asociación ilícita.
Igualmente, a José Carmen Ramos se le condenó a 12 años, Víctor Joel Cerna Báez fue sentenciado a 9 años y 9 meses, el argentino Mario Javier Fatelevich Zagal, a 7 años y 9 meses de prisión, Juan Espinoza Linares, Juan Sánchez Oliva y Nelson Vásquez Baca, a 5 años de prisión, Abel Ramírez Huayaney, 5 años y 1 mes de prisión, Regina Soto Pajuelo, 4 años de prisión suspendida, Antonio Rodríguez Meyzen, a 3 años suspendida por reglas de conducta y Carmina Cortez Roque, 1 año y seis meses de prisión suspendida. El tribunal ordenó la disolución de la persona jurídica A&E Áncash Telecomunicaciones, al considerase que se constituyó exclusivamente para cometer delitos. Mientras, se impusó una multa equivalente a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Ilios Producciones de Martín Belaunde y una multa de 100 UIT a la Constructora Nolberto Odebrecht .
La fiscalía acusaba a César Álvarez de dirigir e integrar una organización criminal que utilizó la infraestructura física y económica el gobierno regional de Áncash para cometer diversos delitos, que se planificaban en un local de Chimbote conocido como «La Centralita».